Al ensalzar la “gig economy” la empresas como Uber pueden legitimar la erosión de los derechos laborales. El análisis del mercado laboral actual tiene que reconocer esto.

 

He asistido a dos reuniones muy diferentes esta semana. La primera se desarrolló con los ciclistas de Deliveroo en Brighton para planificar la mediática campaña salarial que van a llevar a cabo contra su compañía con la ayuda del sindicato Independent Workers´ Union of Great Britain (IWGB). Estos ciclistas representan la clásica historia de trabajadores en la llamada “gig economy” (lo que se puede traducir como “economía de los pequeños encargos”) que se sienten incapaces de cambiar sus condiciones laborales hasta que se sindicalizan y actúan como un colectivo. Se han afiliado al sindicato IWGB debido a su éxito en campañas salariales y tras haber ganado la batalla en los tribunales  a las empresas de mensajería por situaciones laborales fraudulentas.

La segunda reunión (en Londres) versaba acerca del informe de Downing Street sobre el mercado laboral actual presidido por Matthew Taylor, un ex consejero de Tony Blair. Este informe es el encargado de formular recomendaciones al gobierno sobre cómo “el mundo laboral cambiante” puede cumplir las expectativas de la “gente normal”. Esta reunión tuvo lugar en las instalaciones de Google (un antiguo inversor de Uber). La reunión estaba llena de ponentes, tales como empleados sindicales y grupos empresariales, pero no había ningún ciclista de Deliveroo a la vista y el público asistente solo podía formular un número limitado de preguntas y comentarios. Taylor hizo un llamamiento por una mejora en la calidad de trabajo en el Reino Unido para que se convierta en un “objetivo nacional” con el fin de que las personas “se sientan como ciudadanos en el lugar de trabajo y no como esclavos o sirvientes”. Para poder obtener esto, IWGB pide al informe Taylor que sugiera varias recomendaciones.

En primer lugar, es necesario un uso más adecuado del término “gig economy”. Actualmente se refiere a un gran número de individuos económicamente independientes que ocasionalmente realizan trabajos aislados aquí y allí en vez de reflejar lo que es para muchos: personas que trabajan de manera regular para una sola compañía como su fuente principal de ingresos. Las compañías como Deliveroo y Uber se han erigido como genios del mercado, pero necesitamos utilizar un lenguaje que refleje el estado legal actual, no una máquina de propaganda de Silicon Valley.

Las recientes sentencias contra Uber, City Sprint y Pimlico Plumbers no han supuesto un cambio radical o han adaptado la ley laboral a las prácticas laborales actuales, simplemente han aplicado la ley existente a las compañías condenadas por privar a sus trabajadores de sus derechos. Cualquier persona que formule recomendaciones al gobierno sobre derecho y prácticas laborales debería estar perfectamente familiarizado con el estado actual de estas leyes y prácticas y entender de manera crucial las diferencias entre las tres principales categorías de empleo: contratista independiente, trabajador ( sección (b) trabajador para utilizar su definición legal completa) y empleado. Un contratista independiente es alguien que gestiona su propio negocio y no tiene derechos laborales o un empleador, mientras que  un empleado paga impuestos según gana y goza de los máximos derechos laborales. Estos dos son conceptos fáciles de entender. La cuestión importante es que un trabajador, el estado laboral que se ha declarado en los casos de Uber, City Sprint y Pimlico, es una categoría de autónomo, si bien tiene derecho a algunos derechos laborales, de acuerdo con la corte suprema, ya que el individuo lleva a cabo su trabajo como parte del negocio de otra persona. Entender este concepto tiene unas implicaciones considerables en cuanto a impuestos, derechos laborales y mucho más.

Las tasas judiciales se deben eliminar para poder facilitar que los demandantes puedan ejercer sus derechos. Y aquellas compañías que han sido declaradas culpables de utilizar un estado laboral fraudulento deberían hacer frente a multas considerables. La implicación del reciente caso de City Sprint fue que la compañía había estado privando ilegalmente a sus trabajadores de sus derechos durante años. Sin embargo, solo se le condenó a pagar al demandante dos días de vacaciones. Esto no es nada sorprendente y supone muy poco detrimento para las compañías que están incumpliendo la ley.

El informe también debería recomendar que el gobierno aplique la ley. La reciente avalancha de casos ha demostrado que las compañías estaban actuando de manera ilegal. Aplicar la ley de forma adecuada, en vez de introducir algunas regulaciones, podría haber obtenido el mismo resultado que estos juicios. Como parte de este régimen de cumplimiento, aquellas compañías que han sido declaradas culpables de haberse comportado de manera ilegal deberían ser seriamente multadas. Esto crea un incentivo para promover el comportamiento de acuerdo con la ley y ayuda a financiar un organismo regulador.

Finalmente, para reflejar lo que parece ser una proporción creciente   de mano de obra que son clasificados como trabajadores, Taylor debería recomendar extender sus derechos laborales para que puedan percibir la baja por enfermedad y maternidad entre otros derechos laborales. A menos que el informe Taylor pueda justificar por qué Deliveroo no debería cubrir la maternidad de una mujer que gana alrededor del salario mínimo y trabaja de forma regular para la compañía (valorada en más de $600m – £485m), debería recomendar implementar la baja por maternidad para todos los trabajadores.

Si el informe escucha los reclamos de IWGB, los múltiples casos en los tribunales actualmente pendientes contra las compañías de mensajería como Deliveroo no serán necesarios.

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